El pasado 6 de febrero, la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma Educativa. Gradualmente fue aprobada por más de la mitad de los congresos locales del país. Algunos puntos esenciales tienen que ver con la necesidad de aplicar un sistema de evaluación docente. En el inciso III del Anexo II, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se  estipula que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. ¿Este procedimiento se aplicará únicamente al nuevo personal docente? ¿Quiénes actualmente tienen plaza o cargo directivo serán sujetos a tal proceso de evaluación? ¿O, con pleno apego al derecho laboral, esperaremos a que se vaya  gestando el reemplazo generacional para que los concursos de oposición sean una realidad?

Otro asunto es la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que será coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y gozará de autonomía. La Junta de Gobierno de este instituto tendrá tareas mayúsculas, pues sus integrantes deberán generar metodologías que permitan evaluar la calidad, el desempeño y los resultados que logre el sistema educativo nacional. Ya veremos qué llevan a cabo. Como país, México ocupa lugares nada honrosos en el concierto de la OCDE, por lo que se refiere a diversos indicadores en materia de calidad educativa. En el informe PISA, nuestros estudiantes de primaria y secundaria obtienen puntajes y categorías que hablan mal de la enseñanza que reciben en matemáticas, ciencias básicas, expresión escrita y procesos de razonamiento.

La Reforma Educativa advierte sobre las adecuaciones que requerirá el marco jurídico. En el inciso b) se apunta  que se establecerán “en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias”.  ¿Cuántas se abrirán, dónde y cómo funcionarán? Poco a poco lo sabremos. Llama la atención que el inciso c), estipule: “Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”. Si ello se hace realidad, habrá que ver cómo reaccionarán y presionarán megaempresas que pesan considerablemente por el lugar que ocupan en el ranking   nacional, como: Grupo Bimbo (11º); Coca-cola-FEMSA-Mundet (15º) y, Pepsico (44º). Ninguna estará dispuesta a perder su segmento de consumidores entre infantes y jóvenes escolarizados, aunque vendan productos que claramente contravengan dicho inciso de esta Reforma. Primero la ganancia, luego la salud.