El Estado Mexicano está llamado a dar muestras de que el país atiende y avanza en prevención, atención y reducción del embarazo adolescente no intencional. Ocupamos el primer lugar, entre el grupo de naciones que forman parte de la OCDE, debido a que el año pasado, la tasa alcanzó 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. En 16 entidades (incluido el Estado de México) bordeaban o superaban la quinta parte del total de los nuevos nacimientos ocurridos en 2016.

En el informe del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)del año 2016, se notifica que 74 % de los nacimientos registrados por adolescentes mexicanas tenían entre 17 y 19 años. Las progenitoras de este segmento y que pertenecen a alguno de los pueblos indígenas, suman 8.5 % de los casos.

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Teniendo el rango de edad que va de 9 a 19 años, se explica por qué más de la mitad de las núbiles que han procreado tienen estudios de secundaria. Su condición se complica debido a que al menos un tercio de ellas está en el quintil más pobre de la población; con tales niveles de escolaridad, propios de la edad, la inmensa mayoría no forma parte de la población económicamente activa y, ante el embarazo no intencional, 85 % de estas jóvenes gestantes y en crianza, están dedicadas a labores del hogar, como actividad principal. Apenas 17 % de estas chicas que han tenido un hijo a temprana edad, logran continuar sus estudios. En el resto de los casos, es altamente probable que el círculo de pobreza en el que se encuentran, no solamente se reproduzca, sino que además impacte severamente a su descendencia.

Respecto a su estado de conyugalidad, más de dos tercios de las madres adolescentes en México se mantienen en unión libre y casi un tercio reporta estar soltera, como estado civil. Al no tener empleo remunerado, la manera en que estas madres y sus vástagos acceden a los servicios de salud es a través del Seguro Popular; se trata del subconjunto que ocupa el segundo lugar del total de mujeres que cuentan con dichos servicios mediante este sistema de protección. La mala noticia es que la población joven que ha acudido a recibir servicios de salud a través del Seguro Popular, en 80 % de los casos o más, expresan que reciben un trato inadecuado y discriminatorio. Los retos se asoman.