Diversidad y minorías para un México incluyente – Parte I

Fecha de Publicación: 27/05/2013
Esta columna fue publicada en el periódico Milenio Estado de México.

Luis Alfonso Guadarrama Rico
Coordinador Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Investigación FAMECOM

El día 23 de este mes, en el Distrito Federal se llevaron a cabo los Foros de Consulta para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Margarita Neyra me invitó a moderar el panel sobre México incluyente. La participación de los seis especialistas convocados permitió arrojar luz acerca de la complejidad que representa pensar y trabajar para que nuestro país articule su documento rector desde la perspectiva de la inclusión. He aquí una primera parte de los planteamientos que formularon tres de las personalidades convocadas.

La doctora Graciela Teruel, especialista en medición del bienestar y  la pobreza, apuntó que nuestro país cuenta con una metodología más sólida que permite a los legisladores, gobernantes y funcionarios de los distintos niveles de gobierno, diseñar y poner en marcha programas sociales para atender de manera focalizada a los grupos que están por debajo de la línea del bienestar y que viven en la pobreza o en la pobreza extrema. Con estos indicadores se sabe qué requiere cada grupo y persona; dónde viven, según se trate de pobreza alimentaria; pobreza de capacidades, pobreza de patrimonio o, de las tres. En torno a este tema, secundó María del Rosario Cárdenas, experta en demografía. Ella puso el acento en el terrible impacto que provoca la pobreza cuando se trata de infantes; adolescentes; adultos mayores y en grupos de población indígena. Pero, señaló la doctora Cárdenas, cuando se es mujer, indígena e infante, las huellas que deja la pobreza alimentaria no sólo son indelebles, sino que impiden su desarrollo a escala humana.

El maestro Daniel Ponce Vázquez, avezado en política y gestión pública, además de director adjunto de vinculación de programas educativos y divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), advirtió que un México incluyente debería tener políticas y programas sociales claros y evaluables para las personas con discapacidad; para las mujeres que trabajan en el hogar (empleadas domésticas); para la población indígena; para las personas que tienen una orientación no heterosexual; para las personas seropositivas; para quienes son discriminados por sus creencias religiosas. Yo agrego, también para quienes no profesan ninguna religión.

Pensar y articular políticas públicas y programas que articulen el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, exige dirigir la atención hacia aquello que es distinto a la clase media y alta; hacia aquellos grupos de población que usualmente tienen poca visibilidad mediática y que se piensa que no existen. Una óptica incluyente, reclama mecanismos para la participación de quienes no coinciden con aquello estándares que se conciben bajo la categoría de lo “normal”. Veremos.

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