Antier, 20 de octubre, la asociación civil conocida como «Frente Nacional por la Familia» (FNPF) convocó a la ciudadanía y a la población en general, para que desde todas las entidades de la nación se efectuara una marcha «simbólica» para presionar al gobierno federal entrante, a que se suprima de la agenda legislativa el derecho a la interrupción legal del embarazo, dentro de las primeras 12 semanas de gestación, obviamente si así lo decide la mujer gestante.

El movimiento, que intenta imponer al resto de la ciudadanía su propia visión y esquema axiológico de base judeo-cristiana y, específicamente católica, se ha denominado «Ola Celeste». En el portal oficial del FNPF, hasta el momento en que escribo esta colaboración, no habían colocado cifras en torno a la resonancia que tuvo tal convocatoria en las 32 entidades del territorio. Lo que sí se puede apreciar es que, al parecer, en las principales ciudades de la mayoría de los estados de la república tuvieron eco.

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Pasan por alto –quienes legítimamente convocan a este tipo de expresiones– que en un gobierno democrático no se debe imponer la visión de la mayoría, porque entonces llegaríamos a la perversa dictadura de esa fuerza colectiva; aniquilando a quienes minoritariamente piensan diferente. Es un principio sine qua non existiría la democracia. Un Estado laico, como México presume, sabe separar la política de la religión, sin ser anticlerical.

La libertad de conciencia se materializa en la autonomía que tenemos para pensar. Esa libertad de pensamiento, abre el cauce para la libertad de creencia (o no creencia religiosa) y, por ello existe la libertad de expresión. Por ende, si hay ciudadanos que no profesan religión alguna o que, a pesar de tales preceptos, piensan que la vida de un ser humano no inicia desde la concepción, sino a partir de la 13va semana, como lo establece la ciencia biogenética, entonces dichas personas están en su legítimo derecho a decidir sobre su cuerpo para interrumpir un embarazo no intencional; deben tener garantizada la atención médica y, desde luego, a reducir al máximo los riesgos que atenten contra su integridad o contra su vida, al tener que acudir clandestinamente a un proceso que está penalizado en los 31 rancios estados del país ¿Avanzará el laicismo en México?