En septiembre de 2019, Oaxaca fue noticia al aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) también hasta la 12ava semana. Dicha entidad se convirtió en la segunda del país. Actualmente, las cámaras de Diputados del Estado de México, Veracruz e Hidalgo, analizan y discuten sus propias iniciativas. Desde luego, intentan pronosticar qué costos electorales tendría si hacen valer el Estado Laico Mexicano (ELM) en esta sensible materia.

Desde 2007, cuando se aprobó la ILE en el entonces Distrito Federal, hasta el pasado mes de mayo de 2019, más de 200 mil mujeres, procedentes de todo el territorio nacional, han acudido a la ILE; servicio de salud con que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. El presupuesto del gobierno capitalino se sobrecarga al proporcionar este servicio a escala nacional y, el resto de los estados cándidamente voltean hacia otro lado.

Recientemente procesé once macrovariables nominales contenidas en la información que solicité y me proporcionó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En este espacio les comparto parte del perfil sociodemográfico de las mujeres que acudieron a la ILE, entre enero de 2018 y mayo de 2019.

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Durante los 17 meses analizados, 22 mil 715 mujeres, procedentes de todas las entidades, optaron por la ILE. Según la procedencia, el primer lugar lo ocupó la propia CDMX, seguida, en orden decreciente, por los estados de México, Puebla e Hidalgo. La edad promedio de las mujeres fue de 25.7 años; 66 % se declararon católicas; con estudios de secundaria 27 % de los casos y con nivel medio superior 46 %.

La ILE fue aplicada entre la 4ª 9ª semana de gestación en 88 % de todas las intervenciones, empleando solamente medicamentos. Al cruzar el nivel de escolaridad con la edad (25 años o más, en la mitad de los casos), está claro que se trata de una población con rezago educativo y, que permanece fuera de las aulas.

La ILE, como servicio público de salud, atiende a un sector femenil vulnerable, que si bien en su mayoría (70 %) cuenta con empleo,62 % carece de seguridad social; casi un tercio de ellas está sin empleo.

El Estado Mexicano debe materializar su visión laica para que este Derecho Humano sea una realidad en todo el país, a fin de brindar protección y preservar la salud sexual y reproductiva de las mujeres.