El amplísimo sector público, tiene larga data en esos trajines y más bien hemos de aceptar que no han soplado los mejores vientos en la era de las redes sociales y de la rendición de cuentas. En ambos mundos –el público y el privado– algunos medios de comunicación, tratando de cumplir con su “función” libérrima y objetiva, al arrojar flamígeros señalamientos a todo aquello que les parece merecedor de sospecha, cuando no de acusación. Está claro que se erigen como jueces sin tener la menor facultad para ello. Hemos visto desfilar a determinados altos mandos del sector público (curiosamente no a los del privado) quienes, cual manojo de nervios, tratan de explicar al “periodistas-juez” en turno que, por dios que no tienen lo que otros señalan; que no han transado a nadie o, que no es verdad que viajan para ver a su familia con la frecuencia que se les acusa.

Todo ello ha inundado a un amplio sector que vive fuera del quehacer político y del verdadero poder económico. Ahora, parece que todas las personas deben ser tratadas como delincuentes de cuello blanco en potencia, en nombre de la transparencia. En los últimos años, se realizan trámites tan farragosos en muchísimas esferas laborales que, si se trata de lograr el reembolso de cien pesos, es preferible ponerlos de nuestro bolsillo que pasar por el calvario de la sospecha o la desconfianza.